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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que si además de los recursos existentes para proteger a las víctimas de la violencia machista hiciera falta contar "con otras medidas de seguridad privada", también las tendría en cuenta.

Mato se ha expresado así en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que la senadora de la Entesa Mónica Almiñana ha criticado los recortes que, a su juicio, se están produciendo en algunas comunidades autónomas en las políticas de protección a las mujeres maltratadas.

'No me hable de recortes'

La ministra ha acusado a la senadora de hacer política "partidista"con la violencia machista y ha afirmado que fue el gobierno socialista el que disminuyó el presupuesto de 2011 destinado a combatir esta lacra.

En concreto, Mato ha dicho que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero recortó un total de cinco millones destinados a este fin en el conjunto de los ministerios y el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de género lo redujo a la mitad.

"Por tanto, no me hable de recortes", le ha espetado a la senadora, quien en su pregunta inicial se había interesado por las las líneas de actuación del Gobierno, en colaboración con las autonomías para garantizar la protección efectiva a las víctimas.

La ministra ha recordado que ya anunció durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados un Plan Personalizado contra la Violencia de Género destinado a proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de manera individualizada.

Se trata, ha explicado la ministra, de coordinar los medios de los que dispone el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para combatir la violencia de género y proteger a las mujeres.

"Y si hiciera falta contar con otras medidas de seguridad privada para poner siempre por delante la vida de la mujer creo que también lo haríamos", ha asegurado Mato, quien ha añadido que es una inversión "más que justificada" sobre todo si se trata de salvar la vida de una sola mujer.

La senadora de la Entesa también ha reprochado a la ministra que en dos ocasiones enmarcara las condenas de dos asesinatos machistas como "violencia en el entorno familiar".

Mato ha vuelto a insistir en que lo que importa es que no haya ni una mujer asesinada más a manos de su pareja o ex pareja.

Los representantes de las distintas instituciones que componen el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género han coincidido hoy en la necesidad de mejorar la eficacia de la organización judicialante los malos tratos.

Lo han acordado en una nueva reunión del Observatorio, compuesto por las comunidades autónomas e instituciones como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

Su presidenta, Inmaculada Montalbán, ha hecho hincapié en que los estudios del Observatorio "han desmontado mitos que nos desvían del problema, como el de las denuncias falsas, o que las drogas, el alcohol o enajenación sean la causa última de la violencia".

Ha subrayado que el órgano que preside, que cumplirá diez años, se ha constituido en una herramienta "necesaria y útil" para el diagnóstico, coordinación y propuestas de mejora en el ámbito de la Administración de Justicia, informa el Observatorio en un comunicado.

Los asistentes han acordado continuar con el proceso de especialización en esta materia y han destacado la necesidad de mejorar la eficacia de la organización judicial.

En España hay más de 500 órganos judiciales especializados en este tipo de delitos, entre juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados penales y secciones especializadas de las Audiencias Provinciales.

Más de un millón y medio de españoles han sufrido malos tratos cuando eran niños en el contexto de la violencia de género ejercida contra sus madres y 517.000 se encuentran actualmente en esta situación, según la Macroencuesta de Violencia de Género elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a petición del extinto Ministerio de Igualdad.

La encuesta estima que el 10,9% de la población femenina en España, más de 2,15 millones de mujeres, ha sufrido malos tratos alguna vez en su vida y, más de 600.000 lo padecieron al menos durante el último año.

De ellas, siete de cada diez dijo tener hijos menores de edad, por lo que se calcula que unos 800.000 niños estarían viendo en la actualidad la violencia sobre sus madres, el 10% de la población infantil del país. Así, 2,8 millones de españoles habrían pasado por esto siendo niños.

En más de la mitad de los casos, los menores, además de ser testigos, han sufrido directamente la violencia, porcentaje que llega al 61,7% entre quienes han sufrido maltrato durante el año anterior. Por eso, el informe concluye que casi 1,5 millones de españoles habrían sufrido violencia en este contexto y casi 517.000 menores maltratados así en la actualidad.

En cuanto al número de víctimas de violencia de género en España, el 10,9% de la población femenina, el informe explica que se ha duplicado la cifra de quienes reconocen haber sufrido maltrato respecto de 1999, cuando suponían el 5,1%. En 2006, cuando se realizó el último sondeo, eran el 6,3%.

No obstante, también ha aumentado la cifra de mujeres que dicen haber salido de esta situación: en 1999 eran el 2,9% de las entrevistadas, en 2006 supusieron el 4,6%, y, el año pasado, fueron el 7,9% de quienes reconocieron haber padecido malos tratos de un hombre con quien mantenían una relación.

En cuanto a las denuncias, el 72,6% de las víctimas nunca ha denunciado a su agresor y de las que acudieron a la justicia, una de cada cuatro desistió en su empeño: más de 150.000 mujeres.

Respecto a la nacionalidad, en 2011 el 20,9% de las mujeres extranjeras habían sufrido maltrato alguna vez en la vida y, de ellas, el 5,8% también durante el año previo, mientras que el 15,1 habían salido ya de esa situación. "En todos los casos, la prevalencia de la violencia de género entre las extranjeras duplica la de las mujeres españolas", alerta el informe.

En este sentido, apunta que de cada cien mujeres maltratadas en el último año, el 85,5 por ciento eran españolas y el 14,5 por ciento, extranjeras, lo que significa que 469.317 foráneas han sido víctimas de violencia de género alguna vez y 130.241 en el año previo a la encuesta.

Peor salud

Por otra parte, el CIS pregunta por la salud de las mujeres y concluye que el maltrato la deteriora. El 34,3% de las encuestadas dijo que se encontraba regular, mal o muy mal, porcentaje que ascendió al 42,7% entre quienes habían reconocido sufrir violencia de género alguna vez en su vida y al 43,9 entre quienes lo padecieron en el último año. Así, el 20% de las víctimas de violencia identificó su estado de salud como "muy malo".

En este sentido, señala que la prevalencia de males como dolores de cabeza, resfriados, ganas de llorar sin motivos, cambios de ánimo, ansiedad o angustia, inapetencia sexual, irritabilidad, insomnio o tristeza al pensar que una no vale nada, es mayor entre quienes han sufrido maltrato en el último año que entre el resto.

En cuanto a la discapacidad, el 7,3 por ciento de las mujeres que habían sufrido violencia alguna vez dijo tener "un problema grave", cifra que se eleva al 8,3 por ciento entre quienes habían sido maltratadas en el último año. En total, el 5,9 por ciento de quienes tienen alguna discapacidad había sufrido malos tratos en el año previo a la encuesta, casi tres puntos por encima de la media.

La separación como salida

La macroencuesta revela asimismo que un 27% de las mujeres que habían sido maltratadas estaban aún casadas, mientras que el 13,4% estaba separada y el 21,6 por ciento, divorciada. El 30,6 por ciento permanecía soltera. "Podría concluirse que la forma que utilizan las mujeres para intentar salir de la violencia es la separación de su maltratador", explica el estudio.

"Tan sólo un poco más de la mitad de las separadas y divorciadas no ha sufrido nunca violencia de género. La prevalencia de la violencia de género alguna vez en la vida entre separadas (48,6%) y divorciadas (49,6%) es muy superior a la media y, particularmente, a la de las casadas (5,3%)", explica el informe.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado esta tarde en el Congreso un paquete de medidas para combatir el paro femenino, fomentar la eliminación de la "injusta e injustificable brecha salarial", impulsar las guarderías en el trabajo y racionalizar los horarios.

"Las mujeres españolas, hoy, no tienen las mismas oportunidades que las europeas", ha reconocido Mato, que ha denunciado también que "sufren una sobrecarga de responsabilidad en relación con los hombres" y "padecen discriminación salarial". "Nos queda mucho para equipararnos a los hombres en responsabilidades de alto nivel en la empresa y en la Administración", ha añadido ante la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja.

Algunos datos citados por Mato: las mujeres ganan un 22% menos que los hombres, sólo un 30% de ellas ocupan puestos directivos en las administraciones y el 41% se encuentra inactiva por razones familiares. Hay 2,3 millones de paradas en España.

Aunque la ministra no ha detallado con qué recursos económicos pondrá en marcha su proyecto a favor de la conciliación de la vida laboral y familiar y de la igualdad en el trabajo, ha anunciado un Plan Nacional de Empleo para Mujeres con medidas específicas para este colectivo.

Por ejemplo, quiere que se cree una red de empresas "familiarmente responsables" que reinserte a las personas que quieren reincorporarse a la vida laboral tras un periodo prolongado de alejamiento por la atención a la familia. También ha dicho que en la reforma laboral que se aprobará mañana "se incluirán incentivos para la contratación de mujeres en general y de mujeres jóvenes en particular".

Sueldos igualitarios

Según Mato, más del 20% de las mujeres están perjudicadas por la "discriminación salarial". "Estaremos atentos a identificar cuantos factores propician esta forma de discriminación, buena parte de los cuales se mantienen emboscados en los convenios colectivos, a veces disfrazados de categorías profesionales femeninas". El "control" y la "supervisión"marcarán las actuaciones del Gobierno en esta área, que también quiere hacer campañas de información y sensibilización a la población, formar a expertos y realizar estudios de investigación.

Más guarderías laborales

"Me propongo impulsar un plan estatal de guarderías laborales, que reduzca de forma clara este déficit para atender a los menores", ha señalado la ministra. Y ha prometido "articular acuerdos" con las empresas, con las asociaciones empresariales y con las administraciones para dar "incentivos fiscales" para aquellas empresas que pongan guarderías en sus instalaciones.

"Cuánto avanzaríamos en conciliación si los trabajadores tuvieran la guardería en su centro de trabajo o en el polígono industrial, o en el centro empresarial, en el caso de las pymes", ha dicho Mato.

Racionalización de los horarios

"En nuestro país se dan situaciones atípicas en cuanto a nuestros horarios que provocan una situación paradójica. pese a que nos levantamos temprano y nos acostamos tarde, a los españoles se les va el tiempo intentando mantener un equilibrio entre la vida laboral y la personal y familiar. Un equilibrio que, por otro lado, raras veces se consigue".

Mato quiere implementar "una estrategia nacional de racionalización de horarios" para "lograr en un plazo de tiempo razonable que los españoles tengamos no sólo más tiempo, sino que podamos aprovecharlo mejor".

Emprendedoras

Habrá un proyecto de ley de Emprendedores en el que el Ministerio quiere incluir medidas para que las mujeres puedan desarrollar y promover proyectos empresariales.

Los diputados de la oposición han acogido de buena gana las medidas propuestas por la ministra pero le han reprochado la falta de concreción de las mismas. "El horario español es una locura, pero ¿cómo se va a implementar?", le ha preguntado Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco.

Carmen Montón, del Grupo Socialista, le ha recordado "que los hombres también deben conciliar". "Si ellos no se ocupan de la mitad de las tareas que les corresponden, no avanzaremos", ha recordado. Y le ha preguntado por qué propone "la promoción del teletrabajo exclusivamente para mujeres". "Desde el PSOE defendemos la corresponsabilidad".

Violencia de género

Mato también ha anunciado la creación de una especie de "ventanilla única" que atienda a las maltratadas y las disuada de tirar la toalla a lo largo del enrevesado proceso policial, jurídico y burocrático por el que tienen que pasar. "Así, cuando una víctima entre en contacto con la Administración, podrá tener una respuesta personalizada a su situación, tanto de asesoramiento, socialización, asistencia psicológica, apoyo a la inserción laboral y asistencia social".

Mato ha explicado que 2,1 millones de mujeres habrían sufrido violencia de género alguna vez en la vida; de ellas, casi 600.000 seguirían sufriéndola. Sólo el 27,4% de las agredidas denuncia a su maltratador.

"El mayor cómplice de la violencia es el silencio", ha manifestado Mato. Todos los grupos parlamentarios han estado de acuerdo en que éste es el problema más grave que tiene que abordar la Comisión.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que el Gobierno está trabajando en "un plan personalizado contra violencia de genero" en el que se buscará "proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos de forma individual".

Ana Mato recordó que en lo que va de año siete mujeres han perdido la vida, a manos de sus parejas o ex parejas por lo que "acabar con esta lacra es una prioridad de este gobierno".

En su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Mato ha explicado las prioridades de su departamento, como la propuesta de impulsar un pacto social y sanitario en el primer trimestre del año.

"El pacto va a ser para mí un propósito irrenunciable al que habrá que dedicar esfuerzo, lealtad y colaboración de todos", ha afirmado.

Respecto a la violencia de género, la ministra ha asegurado que el Gobierno pretende lograr una mayor cercanía con las mujeres que sufren malos tratos, así como una mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social y prevención.

Mato ha dicho que debatirá esta "prioridad" con los portavoces de igualdad el próximo 9 de febrero.

En su comparecencia, la ministra ha anunciado que el Gobierno va a revisar los impuestos que pagan las familias a fin de elevar los mínimos personales y familiares exentos de tributación en el impuesto sobre la renta.

"La familia es la primera y principal ONG de nuestra sociedad. La más extensa red de protección frente a la exclusión social. Su labor debe ser reconocida y apoyada", ha señalado la ministra, para anunciar unPlan Integral de Apoyo a la Familia que ha definido como "un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar".

El citado plan contempla una reforma del Consejo Estatal de Familias, "como órgano de coordinación administrativa" y "principal foro de debate" sobre este asunto, además de medidas de conciliación y "reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial", el teletrabajo, los permisos parentales o la reincorporación al mundo laboral tras un periodo de inactividad; "acciones específicas" para familias numerosas e iniciativas de "protección a las madres, especialmente las jóvenes", en situación de dificultad.

Revisión del sistema de adopciones

Asimismo, la ministra ha anunciado su intención de "actualizar y agilizar los procedimientos" de adopción y acogimiento, acometiendo "una profunda reforma del sistema español de protección de menores" que actualmente tiene bajo su guarda o tutela un total de 30.879 jóvenes con una legislación que data de 1996.

Sobre este asunto ha anunciado además que elaborará un "Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015" con actuaciones sobre asuntos como prevención de adicciones, protección de los menores en internet y lucha contra la obesidad infantil.

La ministra ha vinculado en su intervención este plan con la preocupación de "una inmensa mayoría de los españoles" por "algunos comportamientos de los adolescentes y los jóvenes" y ha confirmado quereformará la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y planteará "los cumplimientos íntegros de las penas y la privación de libertad" en los delitos de abusos y violencia ejercidos por adultos sobre menores de edad.

Mato también se ha referido a la juventud en su discurso y se ha comprometido a impulsar "un plan estratégico de emancipación juvenil" que en colaboración con el Ministerio de Fomento establecerá programas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

También ha dicho que convocará la Comisión Interministerial de Juventud y que dará "prioridad absoluta" a programas específicos para fomentar el empleo juvenil y el emprendimiento. En este ámbito, ha señalado, se organizará "el I Encuentro Mundial de empleo y oportunidades para la Juventud, que se celebrará en Málaga el próximo otoño".

Estatuto del mayor

Por otra parte, la ministra ha anunciado la próxima puesta en marcha del Estatuto del Mayor, que recogerá "sus derechos frente a cualquier forma de discriminación" y garantizará "su participación social y su acceso a los servicios sociales". Se elaborará, según ha dicho, con la participación de las organizaciones de personas mayores y en el ámbito del Consejo Estatal Nacional de las personas mayores.

Este estatuto incluirá políticas que actúen "sobre el mal endémico de la soledad entre las personas muy mayores", que refuercen "la humanización en el trato que reciben" y sensibilización social para mejorarla, así como desarrollo del envejecimiento activo y la protección general de los derechos de las personas mayores, promoción de la autonomía personal e iniciativas transversales de relaciones intergeneracionales y participación. "Estaremos especialmente vigilantes al maltrato y a la discriminación por edad", ha añadido.

El Mundo.es

A mediados del pasado diciembre, una mujer conocía la condena en firme de su hijo de 14 años por propinarle dos palizas en menos de dos semanas. Lo relataba con detalle la prensa de Murcia. No son noticias que se lean a menudo. Tampoco es frecuente que un joven agreda a su familia. La última encuesta del Instituto de la Juventud que aborda las situaciones de conflicto señala que el 94% de los jóvenes entre 15 y 29 años "nunca" ha tenido enfrentamientos violentos con sus padres. Pero la realidad también muestra que los casos de menores que maltratan a sus padres —madres, en la inmensa mayoría— se han disparado en la última década, aunque en la mayoría de ocasiones se queden ocultos. Y las consecuencias son absolutamente devastadoras para las víctimas, pero también para el agresor.

Desde 2007, más de 17.000 menores de más de 14 años han sido procesados en España por agredir —física o psíquicamente— a sus progenitores durante la convivencia. El número de casos ha ido incrementándose hasta 2010, año en la que la Fiscalía detectó un cierto descenso con respecto a 2009 (4.995 frente a 5.201), aunque sólo se puede hablar, advierte en su última memoria anual, de cierta "estabilización" no de disminución.

El de la vía penal es el último paso que suelen dar las familias y lo hacen ya casi sin aliento, cuando sus bienes o su propia vida corren peligro, y rotas después de deambular durante meses y posiblemente años buscando una salida. Son estos casos extremos los que se hacen visibles, pero otros tantos, imposibles de cuantificar, permanecen en secreto tras la puerta del domicilio. Es en el interior de él donde estalla con toda su crudeza el conflicto, pero también donde se pueden encontrar las causas pero, sobre todo, una solución.

Los profesionales que trabajan para cambiar estos patrones de comportamiento agresivos consultados por ELMUNDO.es coinciden en que este problema suele ir relacionado con deficiencias graves en el proceso educativo del adolescente. Esta conducta violenta también puede ser síntoma de un trastorno psiquiátrico, pero en la mayoría de casos los menores que agreden a sus padres no sufren ninguna enfermedad mental.

Durante la adolescencia, una etapa crucial marcada por múltiples cambios mentales y físicos, los hijos necesitan tomar distancia de sus padres y es natural que den muestras de cierta rebeldía para reafirmar su personalidad. El problema no son los conflictos en las familias, sino la incapacidad de resolverlos o de tratar de hacerlo siempre con violencia.

Sin límites y normas claros

Los menores que maltratan a sus progenitores tienen unos rasgos diferenciados del resto de infractores. Suelen ser adolescentes que han recibido una educación autoritaria [control inflexible de los padres],permisiva [padres sobreprotectores, que no ejercen la autoridad y satisfacen inmediatamente los deseos del niño] o cuyos progenitores atraviesan momentos de extrema dificultad y no ejercen como tales dejando a un lado el cuidado y control del menor.

En general, estos jóvenes no han interiorizado límites y normas claros, no aceptan ningún tipo de control y son incapaces de asumir frustraciones. Su rendimiento escolar suele ser muy bajo. Se comportan de una forma egoísta con sus padres y sumisa con el resto —la violencia se limita normalmente al ámbito familiar—. Suelen ser menores con una identidad frágil, dependientes y que sufren un gran conflicto interior. Estos rasgos, unidos a un carácter muy impulsivo, forman una carga explosiva que golpea de lleno a su núcleo más cercano. Las víctimas son, en la inmensa mayoría de casos, las madres y, entre los agresores, hay una mayoría de varones, aunque se recluye a más chicas por maltrato que por otro tipo de delitos.

Escalada de la violencia

Estela, que prefiere mantener al margen su identidad por respeto "a su hijo y a ella misma", se vio atrapada por esta espiral de violencia extrema que derivó en el internamiento de su único hijo a los 16 años en un centro de menores por maltrato. Fue la última parada en un descenso a los infiernos.

A los 12 años, Roberto (nombre ficticio) comenzó a tener un rendimiento escolar cada vez más bajo y a tener una conducta violenta. Su madre recibía a menudo la llamada de los psicólogos del centro e incluso había días que la lista de sus enfrentamientos era tan larga que le preguntaba "¿cómo es posible que en un solo día hayas podido discutir o pegarte con tantos?".

Comienza a ser un alumno "molesto", las expulsiones se suceden y el centro "invita" a los padres a trasladarle a otro colegio. Roberto deambula hasta por ocho centros escolares distintos, dos de ellos internados, fuera de Madrid e incluso fuera de España, pero los problemas de conducta no remiten y el deterioro de la convivencia familiar prosigue su escalada. "Hubiese preferido que me dijesen que mi hijo estaba enfermo porque habría curación, tratamiento... pero esta falta de límites, su agresividad, no sabes por dónde cogerlo". El desconcierto de Estela es el de tantas otras familias que no saben cómo asimilar lo que les está pasando.

Trastornos de conducta

"No hay una etiqueta diagnóstica que se adecue exactamente al fenómeno, estos menores no tienen una patología definida. La mayoría suele tener un trastorno negativista desafiante y algunos estudios dicen que pueden sufrir un trastorno disocial o de hiperactividad, pero también es verdad que, al menos un 50% de esos chavales, no tienen ningún tipo de diagnóstico", explica María González, terapeuta de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense, donde se aplica desde 2007 un programa de intervención específica para menores -normalmente entre 13 y 17 años- con problemas de agresividad en el contexto familiar.

"Hay chavales que desde pequeños han sido problemáticos pero otros tienen un inicio marcado [de la conducta violenta] en la adolescencia. Estaban bien adaptados en el colegio, a nivel social y llega un momento en que empiezan a emitir comportamientos extraños y preocupantes", advierte. Cuando "un padre percibe que no es capaz de educar como considera oportuno a su hijo" debe pedir ayuda. "Las agresiones físicas no surgen de repente, van antecedidas de un conflicto verbal o psicológico. Si dejamos que la violencia suba de escalones más difícil será que se bajen luego". Ella, junto al resto de terapeutas, ha 'acompañado' a 200 familias en los últimos cinco años a descender esos escalones "con mucho esfuerzo", a base de terapias con los menores y con sus padres en un proceso que suele durar entre nueve meses y un año, más otros 12 meses de seguimiento.

Responsabilidad compartida

El primer paso que deben dar tanto los hijos como los padres para comenzar a reconstruir la relación ha de ser en la misma dirección: asumir parte de la responsabilidad. En esta Clínica, los psicólogos dan "habilidades" a las familias para relacionarse sin violencia: intervienen anivel cognitivo —desmontando las justificaciones de los menores o clarificando pensamientos—; emocional —desarrollando la empatía y el autocontrol—; conductual, trabajando la comunicación, que ambas partes sepan hablar, expresar críticas y recibirlas, mostrar afecto y solucionar los problemas.

La fuerte demanda que recibe la Clínica, a la que son derivados casos desde los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aunque también pueden llamar directamente las familias, las "dificultades para abarcar" y que la gente llegue a esperar hasta tres meses sin encontrar otro recurso que se adapte a sus necesidades, son indicativos de que las familias requieren y demandan una asistencia "integral" para superar esta problemática.

Bajo este planteamiento se va a poner en funcionamiento en la localidad madrileña de Brea de Tajo un complejo privado que ofrece un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las familias con menores de entre 12 y 18 años con una conducta agresiva. Los jóvenes, sobre los que no pesa ninguna orden judicial, son internados entre dos meses y un año y tanto ellos como sus padres debe firmar un 'contrato terapéutico' que garantice su implicación.

Este 'Campus Unidos', gestionado por Ginso —una empresa con experiencia en centros de menores— y dirigido por el psicólogo Javier Urra, ocupa 15.000 metros cuadrados repartidos entre cuatro chalés de 10 plazas, dos edificios para terapias y actividades de ocio y formación, pero el entorno vallado, las cámaras de vigilancia, el régimen disciplinario y las puertas blindadas de centros de reforma dejan claro que dista mucho de ser un campus convencional.

Esta iniciativa privada nace bajo una situación de "limbo jurídico" reconocida por el propio Urra. ¿Se puede recluir a un menor sin orden judicial? "Es cierto que para privar de libertad hace falta una orden judicial, pero es como cuando hablamos de personas que tienen un tipo de patología como el alcoholismo o drogadicción y se producen ingresos voluntarios. Hay que ir por la misma vía, que aquellos jóvenes que saben que tienen un conflicto con sus padres ingresen voluntariamente", subraya Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que aplaude tanto ésta como "cualquier iniciativa para mediar y evitar los conflictos que se pueden dar con los hijos".

Demanda de ayuda especializada

Canalda subraya que aunque "las administraciones están trabajando mucho en el ámbito de la mediación" para este tipo de "patologías", no hay "recursos específicos o hay uno nada más" y esta "escasez de recursos limita mucho la posibilidad que tienen los padres" de recibir una asistencia gratuita. "Por eso surgen estas iniciativas, por complementar de alguna manera los medios que la administración no puede aportar" y menos aún "en un entorno de crisis, donde se están restringiendo mucho los gastos e intentar que la administración cubra todo resulta muy complejo".

Hasta hace cinco años los padres que sufrían maltrato no podían encontrar prácticamente ninguna ayuda pública especializada. Actualmente, existen programas que abordan esta problemática en concreto, como los servicios de orientación, atención psicológica o mediación familiar que se han ido extendiendo por gran parte del territorio nacional o incluso teléfonos de atención directa a padres maltratados, como el que puso en marcha hace un año La Rioja (696121212). Los recortes en las Administraciones regionales, no obstante, están haciendo ya mella en la atención social y, según fuentes sindicales, los frecuentes retrasos e impagos a ayuntamientos y entidades privadas que los gestionan están deteriorando la calidad de los servicios y forzando cierres en toda España.

Estela consultó a psicólogos privados, psiquiatras y recurrió a los servicios sociales sin encontrar en aquel momento una ayuda profesional "especializada". "Se quedan cortos antes de estas intervenciones. Van derivando de un sitio a otro a las familias", subraya recurriendo al plural al hacerse eco también de la experiencia que otros padres de laAsociación Familias por la Convivencia, que desde hace un año reúne a personas que sufren conflictos graves en las relaciones con sus hijos.

A los 14 años, Roberto ya prácticamente no acudía a clase, comenzó a consumir porros y a ausentarse de casa. En una ocasión, llegó a permanecer hasta nueve días desaparecido. La pendiente en la que se había convertido su vida les acercaba cada día más, a los dos, al borde del abismo. Comenzó a relacionarse con gente mayor que él y terminó cometiendo delitos fuera de casa y dentro...

Los enfrentamientos con su madre comenzaron a ser muy agresivos y con su padre no quería mantener ningún tipo de relación, relata sintiendo aún la desazón de aquellos momentos que padeció prácticamente en soledad —"mi familia sabía que había problemas pero no hasta qué grado"—. Y atrapada en esa situación de violencia, devastada por el sufrimiento y la impotencia, recibió –y escuchó- el consejo de alguien que conocía de cerca su situación: un agente tutor.

Policías y mediadores

Desde 2002, policías de paisano patrullan las calles de la ciudad de Madrid para detectar de forma temprana situaciones de riesgo en las que se puedan ver envueltos menores y prestan asistencia inmediata en centros escolares y domicilios, como el de Estela. "Cuando los padres ya no saben dónde acudir y necesitan una figura de autoridad, acuden a la policía", explica Mariluz tras ocho años de contacto diario con familias y adolescentes en el distrito de Retiro. Estos agentes, que trabajan en estrecha colaboración con los Servicios Sociales, crean un clima de confianza y ejercen de mediadores para tratar de que mejore la convivencia. Orientan a los padres para que cambien su forma de relacionarse con su hijo, de educarle, y advierten al menor de las consecuencias de su comportamiento y tratan de marcarle nuevas pautas de conducta, entre ellas habitualmente, la de asistir a clase.

Se hace un seguimiento continuo, con llamadas y visitas tanto al domicilio como al centro escolar del menor, durante uno o dos años. No obstante, cuando se detecta un delito de maltrato actúan como fuerzas del orden público y el adolescente es detenido y puesto a disposición judicial, aunque los progenitores no quieran denunciar. "No podemos permitir que maltrate a sus padres. Sacarle de casa es lo último, pero a veces es necesario", advierte Mariluz.

"Tú no te das cuenta de que no va a parar y va a más. Denuncié alentada por los agentes tutores. También al pensar que si no paraba esto, sería un futuro maltratador", explica Estela. El juez decretó libertad vigilada para Roberto y la obligación de acudir a unos talleres de reeducación pero "se los saltaba". Le citaron a juicio y se decretó el internamiento durante un año en 'El Laurel', un centro de menores de la Comunidad de Madrid especializado en maltrato familiar ascendente. "Fue muy duro ver a unos policías que esposan a tu hijo delante de ti y se lo llevan", recuerda.

'Los comportamientos se modifican'

Concepción Rodríguez, juez de menores.

El dolor de Estela es el de la mayoría de madres que acude a la vía judicial para denunciar a su hijo. "En todas las guardias hay un caso de maltrato. Y desde el Juzgado cuidamos de que las madres no sufran y tratamos de transmitirle que tiene el apoyo de las instituciones y darle una respuesta", asegura Concepción Rodríguez, juez de menores del Juzgado de instrucción número 1 de Madrid. Durante 10 años ha trabajado para reconducir el camino de muchos de ellos y su balance es positivo: "Los comportamientos a ciertas edades sí se modifican. Hay que decirles a las madres que no tengan miedo, que no es algo que tenga que mantenerse oculto, hay que abordarlo y tiene solución con una intervención psicológica y pautas educativas".

Siempre se trata de que el proceso judicial se inicie de la forma más rápida posible, tanto para evitar mayores "perturbaciones" al menor como para darle a los familiares una protección inmediata, según subraya la Fiscalía en una extensa circular sobre el maltrato filioparental de 2010. Si el menor es detenido y puesto a disposición judicial, se puede incluso realizar una "instrucción acelerada" y decretar una "tutela cautelar", al correr riesgo la vida de la víctima ya que es habitual que las agresiones se intensifiquen cuando el maltratado se decide a dar el paso y denunciar los hechos.

Respuesta judicial

Para decidir la intervención más adecuada sobre ese menor y a familia, la Ley del Menor establece la obligación de investigar y elaborar un informe muy detallado sobre la situación sociofamiliar. "El informe, que es preceptivo —no se podría celebrar juicio sin él—, pero no vinculante, resulta muy valioso porque el juez conoce cuáles son las circunstancias del menor y en ocasiones sus propuestas sí se pueden llevar a cabo", explica Concepción Rodríguez.

Para la reeducación y reinserción de estos menores maltratadores, que no suelen cometer actos delictivos fuera de su entorno familiar, la Fiscalía opta normalmente por pedir medidas -no penas, como en la justicia penal de adultos- que no requieren la privación de libertad, como son la convivencia con grupo familiar o educativo, que se considera la más indicada, o la libertad vigilada. También se establece la posibilidad de que las familias lleguen a acuerdos extrajudiciales a través de la mediación en caso de violencia leve y cuando la convivencia es posible. Si existe reincidencia o es un delito de carácter especialmente grave, como en el caso de Roberto, se toman medidas más severas, como es la de internamiento en un centro de menores.

Y todas las medidas vienen acompañadas de la obligación de recibir un tratamiento terapéutico y pautas educativas orientadas al restablecimiento de la normalidad en las relaciones familiares. La implicación de los padres en la solución del conflicto es crucial por lo que siempre se les aconseja —el sistema judicial español no establece la posibilidad de obligarles— que reciban esa asistencia psicológica de orientación y apoyo. Incluso cuando pesa sobre el menor una orden de alejamiento deben facilitarse esas terapias familiares.

"Estamos viviendo ese proceso de intentar darle respuesta lo mejor posible y hemos dado pasitos, pero nos encontramos a años luz de la respuesta existe ante otras violencias intrafamiliares, como el maltrato infantil o la violencia de género", resume Manuel Córdoba, director delcentro de menores El Laurel.

Roberto salió en noviembre de 2009 en libertad vigilada con la obligación de acudir durante ocho meses al Centro Educativo 'Luis Amigó', donde él y su madre seguían recibiendo terapia para reforzar los pasos que habían dado en El Laurel y facilitar en la mayor medida posible la adaptación progresiva de los menores en su núcleo familiar.

Pero el regreso a casa no resulta fácil. "Se acaba la medida judicial pero no el problema. Los centros de menores te hablan de las estadísticas de reinserción [la reincidencia en Madrid es del 2,6%], pero no vuelven porque no agreden más. Normalizar tanta falta de límites, tanta agresividad, tanto dolor en un año es poco tiempo. Necesitamos que se extienda el apoyo y que cuando cumplan la mayoría de edad estén un poco más asentados. En el terreno educativo y laboral están totalmente perdidos", advierte Estela, basada en su experiencia y la del resto de familiares de la asociación AFASC.

Su hijo, ya con la mayoría de edad, ni estudia, ni trabaja, una pasividad reforzada por el subsidio de 426 euros que ha recibido durante el último año y medio por su internamiento. Sí le ve "más tranquilo" y ella se ha ido "reconstruyendo" después de "vida de tristeza en la que sólo quería morir". Tras seis años de lucha emocional, ha recobrado la fuerza para seguir adelante y ayudar a otras familias a emprender el camino en busca de una salida.

"Que no nos grite, que me hable con respeto, que me dé un beso, que desayune conmigo, que me felicite por mi cumpleaños...". Son gestos cotidianos que los padres que han sufrido maltrato por parte de sus hijos llevan años sin ver y que sueñan con recuperar por lo que significan: el inicio de una nueva relación, de una nueva vida, sin violencia. Estos deseos son algunos de los 'marcadores de éxito' que fijan las familias cuando los menores son recluidos en el centro 'El Laurel', en Madrid. Es decir, conseguir un beso, una felicitación, que muestre respeto... sería para los progenitores una clara señal de progreso, lo que da una idea del grado de deterioro de la relación familiar después de años de conflictos.

El internamiento en casos de maltrato es la medida más restrictiva y los jueces de menores la decretan en los casos de agresiones que revisten especial gravedad, son habituales y la situación se ha cronificado. Como en las medidas de medio abierto, la intervención, que puede llevar desde seis a 12 meses, tiene una dimensión terapéutica especializada y se incide en la necesidad de que los progenitores participen activamente en ese proceso de cambio para haya progresos, a pesar de que no exista un mecanismo legal que les obligue a ello.

"Trabajamos desde la corresponsabilidad de la problemática. Algunas familias tienen la percepción de que cuando un chaval entra aquí, sólo él tiene que cambiar, pero la familia también debe hacerlo. Nadie dudaría si a un hijo se le rompe el brazo, que su padre está obligado a llevarle a un hospital, pero cuando hablamos de entrar en un proceso terapéutico de carácter psicológico, ya se duda si tiene esa misma responsabilidad. El trabajo es conjunto y tanto el chico como la familia tienen que comprometerse", explica Manuel Córdoba, director del centro de reforma 'El Laurel', que lleva cinco años aplicando en Madrid un programa prionero especializado en maltrato familiar ascendente.

'Necesito que me pares'

En el centro de menores se trata de ordenar el caos en el que se convertido la vida de estos jóvenes, la mayoría de entre 15 y 17 años. Pasan, resume Córdoba, de "un contexto de que hacen lo que les da la gana, cómo les da a gana, con quien les da la gana y cuando les da la gana... a un contexto muy estructurado, que hacen lo que se les dice, cuando se les dice y cómo se les dice", bajo una estricta normativa y donde la falta de respeto o cualquier conato de agresividad deriva en sanciones disciplinarias.

Para ellos este paso de un contexto de libertad a otro de privación de ella resulta "muy duro". En esta primera fase, cuando son recluidos, muestran una "fuerte aversión" hacia su familia, la culpabilizan de todo mientras minimizan sus propias conductas. Es una situación de gran estrés psicológico, explica el director de El Laurel, quien subraya la importante tarea de motivación que hay que hacer sobre ellos en los primeros dos meses para que vean la necesidad de implicarse en este proceso de cambio.

En estos primeros momentos, el joven recrimina a sus familias que le hayan puesto una denuncia e, incluso, si mantiene conversaciones telefónicas con sus padres, puede llegar a "coaccionarles o amenazarles" para que la retiren o no declaren en el juicio. Pero en cuestión de un mes, asegura, los "chicos aceptan que ese 'no' que les dicen las familias con la denuncia lo necesitaban" e incluso "expresan directamente, que lo estaban pidiendo a gritos: primero te insulto, luego rompo cosas en casa, después consumo drogas o te pego para ver hasta dónde me permites... pero lo que necesito es que me pares". "Hay que quitar el miedo a la denuncia", asegura.

Sumidos en un 'infierno'

Once padres que han dado ese paso han explicado a ELMUNDO.es cómo era su situación familiar y cómo están viviendo la reclusión de sus hijos. "Era difícil, estresante, muy complicada. Había violencia verbal y física hacia objetos de la casa (mobiliario) y también alguna agresión física (hacia mi pareja)", relata una de las madres. "Insufrible, insostenible, muy doloroso", "mala, "una situación caótica, nefasta en la convivencia (desesperación), describen el resto y a veces, una única palabra es suficiente para resumir su vida, un "infierno".

Y los menores, una vez recluidos en el centro, con medida cautelar o firme, tras ser denunciados por sus padres, ¿cómo se sienten? ¿qué creen que les ha llevado hasta allí? "El malestar en todos los aspectos de mi vida, fracaso escolar, movidas con los amigos, peleas continuas en casa con mi padre, pero sobre todo el no poder estar bien conmigo mismo", escribía a ELMUNDO.es un joven de 16 años. Otros achacan su internamiento a la "mala convivencia" con su familia, "problemas de conducta", "mala relación" con su "madre y su pareja, aparte del consumo de drogas y problemillas de la calle"; "problemas familiares y malos comportamientos", "mucha angustia"; "discusión con mi madre" y sólo uno de ellos habla de "presunto maltrato a mi madre".

La mayoría de estos adolescentes responden a unos rasgos que les diferencian del resto de jóvenes delincuentes: desarrollan esta violencia en el ámbito familiar pero fuera de él suelen tener un comportamiento normalizado, su empatía —capacidad de ponerse en el lugar del otro— es baja o incluso inexistente, no controlan su impulsividad, ni analizan su comportamiento. Y en este tipo de delitos hay un porcentaje muy elevado de chicas adolescentes. Uno de cada tres internos es mujer mientras que, por otro tipo de conductas infractoras, el porcentaje es del 10-15% frente a un 80-85% de hombres.

Cuando la educación falla

Y estas características personales están directamente relacionadas con la educación recibida en las familias, procedentes de "todos los estratos sociales", subraya Córdoba. "El estilo educativo no ha funcionado con ellos, aunque sí lo haya hecho con otros hermanos o en otras etapas anteriores, como la infancia; no se ha adaptado a la evolución del chico en la adolescencia". Y pone un ejemplo muy gráfico: una madre sobreprotectora motivada por el cariño hacia su hijo le proporciona todos los cuidados de pequeño pero, cuando llega a la adolescencia, se esconde en la discoteca para poder controlarle provocándole, cuando la descubre, tanta indignación como daño en la "autoestima" y en la "seguridad en sí mismo".

Desde 2007, han pasado más de 200 jóvenes por este centro, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Tiene una capacidad de 50 plazas y, actualmente, hay 40 menores internos. Durante la jornada realizan actividades formativas y prelaborales encaminadas a la reinserción, de ocio 'saludable' y de refuerzo al estudio; pero la mayor parte del tiempo está dedicado a la realización del programa psicoterapéutico, con sesiones individuales y grupales, para que los menores puedan asumir la realidad y obtener recursos que les ayuden a relacionarse con sus padres sin recurrir a la violencia.

Durante las terapias que hijos y padres reciben por separado durante dos meses, se trata de hacerles entender "cómo se origina la agresión, cómo se mantiene, por qué se da y darles estrategias alternativas positivas". Y se abordan las pautas educativas y por qué no han sido acertadas. Éstas se incluyen normalmente en un estilo autoritario (que provoca una reacción de violencia en el menor), permisivo ("los adolescentes exigen a gritos 'dame límites, que el mundo adulto no es lo que tú me has enseñado'") o ambivalente, que alternan entre la autoritaridad y permisividad (el adolescente reclama con violencia que se le dé una respuesta coherente para tener una seguridad emocional).

En estos espacios, que se asemejarían a las escuela de padres, ambas partes "se encuentran comprendidas desde el minuto cero", explica Córdoba, porque se trata exclusivamente de los problemas (y soluciones) de las familias que sufren este tipo de maltrato. Se organizan también grupos de autoayuda para los familiares donde suelen descubrir esa luz al final del túnel gracias al testimonio de otras personas que han sufrido el mismo infierno pero que ya han comenzado a salir de él.

Entre la angustia y la esperanza

Durante el internamiento, los padres pasan por diferentes etapas emocionales y así lo explicaba por escrito una madre a ELMUNDO.es: "Al principio, con situaciones de angustia y culpabilidad, pero gracias a las terapias me he ido fortaleciendo y analizando mejor la situación y las causas que nos han llevado a esto". La mayoría de los progenitores que nos han brindando su testimonio reconoce que han llevado "mal", incluso algunos de forma "traumática" la reclusión, que es un proceso "difícil", "duro", pero al mismo tiempo lo viven con "esperanza", por el "bien de su hijo".

El acercamiento a los padres, y víctimas, en el centro de menores es progresivo. Los menores, por ley, tienen derecho a tener contacto con sus padres, a través de llamadas y visitas, pero en momentos de crisis y dada la conflictividad de la relación, éstas podrían ser perjudiciales para el desarrollo del proceso terapéutico. "A veces el interés supremo del menor es que no tenga derecho a ver a su familia" y se tienen que prohibir. Se solicita entonces una orden de alejamiento judicial, pero con una cláusula que permita la posibilidad de encuentros puntuales para que ambas partes se sometan a terapias conjuntas.

Cuando ya hay ciertos avances en la intervencion terapéutica y los menores asumen su responsabilidad, pero también empiezan a ver que es un problema familiar, sienten "una gran descarga emocional". El adolescente comienza a implicarse, a darse cuenta de que puede "avanzar", de que se les está dando una oportunidad para mejorar la relación con sus padres pero también a nivel laboral o formativa, que ya no está "sin hacer nada en el parque con sus amigos". Entonces comienzan a mostrar "otra actitud ante los profesionales, sus compañeros y su familia", explica Manuel Córdoba, con la satisfacción de poder trasmitir que esos esfuerzos profesionales y personales provocan un cambio real en las conductas.

Complejo donde se encuentra situado el centro El Laurel, en Madrid. | EL MUNDO

Las palabras que uno de los menores de 16 años escribe a ELMUNDO.es después de pasar cuatro meses en El Laurel refleja fielmente esa evolución y el sentir general sus compañeros: "En un principio lo llevé fatal, me costó mucho trabajo adaptarme y seguir las normas, pero una vez concienciado de que tengo que pasar aquí nueve meses, decidí intentar que fuese lo mejor posible y aprender algo de esto, es decir sacarlo algo de provecho a la situación".

A medida que se va observando una mejora de la relación se va incrementando el tiempo que padres y menor pueden pasar juntos, primero visitas semanales en el centro y bajo supervisión para evitar agresiones, y finalmente salidas al domicilio los fines de semana, las primeras ocasiones sin pernoctar.

Cuando ya ha finalizado el periodo de reclusión y antes de integrarse en su familia, el menor pasa un periodo de unos cinco o seis meses de media en libertad vigilada para adaptarse paulatinamente a su entorno y reducir el riesgo de reincidencia. El juez puede decretar, entonces, que el joven pase a cumplir esta medida en un piso de convivencia, como el gestionado por la Fundación Amigó en Madrid, en el que tanto él como su familia sigue recibiendo terapia.

Hay ocasiones en que hay que aceptar que la convivencia no es posible y entonces las familias deben centrarse en conseguir una buena relación pero sin permanecer en el mismo domicilio. Conscientes de esas dificultades, algunos chavales al salir del centro se han independizado e incluso ha habido algún un caso de emancipación legal de un menor de 16 años. Y en los casos en los que se cumple el periodo de reclusión pero permanece la situación de riesgo, se activa la red de protección social para que haga el seguimiento de la familia y se puede llegar incluso a solicitar una guarda judicial con ingreso del menor en un centro de acogida o piso tutelado.

'Varitas mágicas no existen'

Los profesionales del centro se han encontrado a lo largo del pasado año con situaciones de violencia cada vez más graves y que se perpetúan en el tiempo, por lo que "la posibilidad de revertir es cada vez más complicada", advierte el director de El Laurel. "No porque haya pasado por El Laurel esto va a cambiar radicalmente. En casos muy cronificados lo único que hemos podido transmitir a esas familias es que necesitan ayuda, pero esa ayuda no se la hemos podemos facilitar nosotros".

El aumento de estos casos de violencia crónica entre los internos es consecuencia indirecta de una recomendación de la Fiscalía General del Estado de julio de 2010, en la que se instaba a recurrir a las medidas de medio abierto, grupo familiar o educativo o libertad vigilada, para intervenir sobre los menores que comenten un delito de maltrato familiar ascendente. Se evita así, como ocurría anteriormente, que se proceda al internamiento automático pero ahora se está retrasando la entrada de los que sí lo requieren y no hay tiempo suficiente para el desarrollo del programa terapéutico.

"Es complicado para los fiscales, que tienen que decidir en cuestión de horas, pero la respuesta judicial en ocasiones no responde a las necesidades del caso y nos viene a nosotros cinco meses después y ese tiempo es crucial", advierte Córdoba, que cita incluso casos de chavales que pasan sólo un mes internos y... "varitas mágicas no existen". Y, además, a ese chico que no se le interna cuando es necesario "se le ha generado una sensación de impunidad, ha pasado por el juzgado y la respuesta es que vuelve a casa, las familias que han denunciado, con lo costoso que es a nivel emocional, ven que no se ha resuelto el problema y volver a denunciar les cuesta más todavía".

Estos casos crónicos son los casos más extremos, pero en general "los resultados sorprenden gratamente". "Las familias salen contentas y siguen contentas. Dicen que los chicos tienen sus tachones, pero ya son más manejables. Notan que hay un progreso grande", asegura Córdoba, quien respalda sus palabras con una cifra, la de la baja reincidencia, que en Madrid es del 2,6%. Pero al margen de los datos, la realidad que él ve a diario, de chavales y padres rotos por la violencia, le lleva más allá: "La utopía es que este centro desapareciese".

Y de deseos de cara a un futuro más cercano hablan también los padres y los menores que han vivido esas situaciones de violencia extrema. "Que todo sea totalmente distinto, no ser como era antes y que mi entorno pueda funcionar sin peleas", "estar mejor", "no tener esos problemas", "controlar mis impulsos dentro y fuera de casa ", conseguir "estabilidad", "cambiar y ser alguien de provecho en la vida", "felicidad"... escriben a ELMUNDO.es los jóvenes con la confianza de dar un vuelco a su vida a su salida del centro de menores. Los progenitores, con mucha cautela, expresan su esperanza de que sus hijos "mejoren", que "no vuelvan a caer en lo mismo", que puedan convivir con "cierta tranquilidad" y "tener un mínimo de felicidad". En definitiva, "volver a ser una familia".

Las denuncias por violencia de género ante los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) y los 355 que tienen competencias en la materia ascendieron a 35.422 en el tercer trimestre de 2011, lo que supone una reducción del 1% respecto del mismo periodo de 2010, cuando fueron 35.811. De un año a otro, la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres en España ha caído de 15 a 14,82.

Así se desprende del último balance de cifras ofrecido por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial, que arrojan, no obstante, un aumento del 3% en el número de denuncias entre julio y septiembre de 2011 respecto del tramo entre abril y junio.

De momento este mes está siendo negro. Un total de cinco mujeres han sido asesinadas por otros tantos hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación sentimental, lo que convierte a estos 18 primeros días de enero en los más negros desde el año 2006. En concreto, en las mismas fechas del año pasado se habían computado tres homicidios machistas, uno en 2010 y ninguno en el año 2009. En 2008, a 18 de enero el balance oficial arrojaba cuatro mujeres asesinadas, que eran dos en el mismo plazo de 2007 y un total de seis en 2006.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha hecho hincapié en la necesidad de actuar en la prevención de estos delitos ya que, conforme ha recordado, cuando los juzgados intervienen "el delito ya se ha producido". "Es importante aumentar la prevención en todos los ámbitos y fomentar la educación en igualdad y en la resolución pacífica de conflictos", ha destacado.

En total, en el tercer trimestre de 2011 se presentó una media de 385 denuncias diarias, el 71,36% de las cuales procedían directamente de las víctimas. El 11,57% se derivaron de partes de lesiones y el 14,4%, de una intervención policial. "Sólo en el 1,06% de los casos los familiares presentaron denuncia", explica el Observatorio, para incidir en que las instadas por servicios asistenciales fueron el 1,61%.

En cuanto a las mujeres que, habiendo denunciado, renunciaron a seguir con el proceso, la cifra se incrementó un 0,9% respecto al trimestre anterior hasta los 4.054 casos, que representan el 11,4% del total de denuncias. Un año antes, las renuncias ascendieron a 4.121 y supusieron el 11,51% de las denuncias presentadas.

Un trimestre más, el Observatorio destaca la sobre representación de lasextranjeras entre las víctimas de violencia machista: son el 11,4% de las mujeres que viven en España, pero interpusieron el 35% de las denuncias. En total, 12.560 mujeres extranjeras acudieron a la justicia por estos delitos y cuatro de cada diez (42%) renunció a seguir adelante con el procedimiento judicial.

El balance recoge además la respuesta judicial a estas denuncias y concreta que entre julio y septiembre del año pasado se solicitaron 9.481órdenes de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM), de las que el 65,3 por ciento, fueron aceptadas. Además, se adoptaron 19.666 medidas penales derivadas de las órdenes de protección, como órdenes de alejamiento (acordada en el 85% de los casos) o prohibiciones de comunicación (82,8%).

En esta línea, se dictaron 4.771 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Un 23,7% acordaron la prestación de alimentos, un 20,2% se pronunciaron sobre la atribución de vivienda, en otro 6,7% se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos, un 3,1% fue de suspensión del régimen de visitas y un 0,2 por ciento, la suspensión de la patria potestad.

En total, a lo largo de los tres meses analizados se dictaron 11.438 sentencias en todos los juzgados especializados o con competencias: seis de cada diez (62%) fueron condenatorias (7.118) y el 38 por ciento, absolutorias (4.320). En total, se juzgó a 11.847 personas por delitos de violencia machista.

Atendiendo sólo a los jugados especializados en violencia de género, el porcentaje de condenas llegó a ocho de cada diez enjuiciados. En la mayoría de los casos se instruyeron delitos de lesiones (78,6%), seguido por los delitos contra la libertad, como coacciones y amenazas (8,5%), quebrantamientos de medidas (3%), delitos contra la integridad moral (2,4%), quebrantamientos de penas (1,6%), contra los derechos y los deberes familiares (un 0,6%); la libertad e indemnidad sexual (0,6%) y 28 casos de delitos de homicidio, consumados o intentados.

En los Juzgados de lo Penal, que llevan los delitos penados con hasta cinco años de prisión, se dictaron 6.659 sentencias sobre violencia de género y menos de la mitad (49,5%) fueron condenatorias. Mientras, las Audiencias Provinciales, que se encargan de delitos más graves, dictaron 53 sentencias, el 81% condenatorias.

Son inflexibles, controladores, perfeccionistas, irritables, justifican siempre sus actos, no controlan sus impulsos, no desean mostrar afecto y, además, agreden a sus compañeras sentimentales. En lo que va de año, 54 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas en nuestro país. Se desconoce, en cambio, el número y el nombre de otras muchas que viven actualmente atenazadas por las 'manos machistas'. Pero tal vez, gracias a los datos de una nueva investigación, la sociedad esté más próxima de cercar a los maltratadores.

Porque ahora se sabe que hasta uno ocho de cada diez maltratadores presentan al menos un trastorno de personalidad, tal y como acaba de poner de manifiesto un estudio realizado con 217 agresores que ha sido realizado por expertos del Instituto de Psicología Jurídica y Forense (PSIMAE) en colaboración con la Universidad Pública de Navarra.

Su director es José Antonio Echauri Tijeras, doctor en Psicología de la Universidad Pública de Navarra y el autor de la primera investigación de una tesis doctoral en el ámbito nacional que analiza los factores psicopatológicos y de personalidad de hombres que han maltratado a sus parejas.

En declaraciones a  ELMUNDO.es puntualiza que "precisamente, los resultados del trabajo se han obtenido a partir de la tesis, pero con información actualizada y con más datos. Se trata de establecer las características de estos hombres con el fin de proporcionar un 'tratamiento a la carta'. No todo vale para todos. Por eso es imprescindible hacer una evaluación previa, con el fin de poder ajustar la terapia y lograr una mayor eficacia de la misma, además de optimizar los recursos. No es lo mismo que el tratamiento requiera 10 sesiones, que 20 ó 30". 

De hecho, y pese a que en los últimos años se ha producido un notable aumento de las investigaciones sobre el perfil de los hombres que agreden física o psicológicamente a las mujeres, lo cierto es que "los resultados obtenidos hasta la fecha muestran una gran dificultad para describir un perfil psicológico homogéneo entre los maltratadores. La violencia de género tiene una explicación multicausal y, por lo tanto, los agresores no presentan unas características sociodemográficas, psicopatológicas o de personalidad homogéneas, que sean fácilmente identificables y que permitan prevenir la aparición de episodios violentos", introduce en su estudio, publicado en el 'Anuario de Psicología Jurídica'.

Con 217 maltratadores

En el ensayo han participado un grupo de maltratadores que han acudido a terapia en Navarra. "Se trata de un programa de intervención con hombres violentos que lleva en funcionamiento desde 2005. Está desarrollado por PSIMAE y dirigido por el Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra. Todos los pacientes del estudio fueron atendido entre 2005 y 2009". Al programa se accede bien por régimen ambulatorio, en el que una parte (137) acuden a través de suspensión de la condena a recibir el tratamiento y el programa en prisión, en el que los condenados a penas se someten voluntariamente a la terapia (80).

"Una de sus ventajas, para nosotros y para los usuarios, es que el mismo psicólogo es el que siempre realiza la terapia con el paciente. Así,  por ejemplo, si una persona con suspensión de condena comete un delito o burla la orden de alejamiento y se determina su ingreso en el centro penitenciario le atiende el mismo especialista. Mientras que si sale porque pasa a tercer grado o por la condicional, también mantiene su terapia con el profesional que le ha atendido siempre. Una medida que, además, es ventajosa desde el punto de vista de inversión de recursos", destaca Echauri Tijeras.

También asisten al programa los que se presentan de forma voluntaria. No han cometido una agresión, pero 'sienten' que están a punto de hacerlo. "Pueden venir derivados de asuntos sociales. Son hombres que aún no han abusado aún de sus parejas, pero están empezando a perder el control y su agresividad está aumentando. Nos comentan que notan que 'se están calentando, que se les puede ir la mano", puntualiza.

Características

Los datos del ensayo dibujan ciertas características de los varones maltratadores. "La edad media fue de 36 años y en cuanto a la nacionalidad, la tasa de extranjeros (50,7%) es prácticamente igual a la de nacionales (49,3%). El nivel de instrucción de la mayoría es más bien bajo, con un predominio claro de sujetos con estudios primarios (64,5%) y un 5,1% con universitarios. Un 32% estaba en paro y un 60% tiene hijoscon su pareja o expareja.

Tras las sesiones de evaluación con todos los participantes, en las que se analiza su historial familiar y personal, se realizan cuestionarios sobre personalidad y síndromes, como ansiedad o abuso de drogas y alcohol, los resultados revelan que sólo el 20% no presenta ningún tipo de trastorno. Sin embargo, los 202 diagnosticados de trastorno de personalidad presentan, además, una media de otres tres trastornos. El más frecuente (61%) el obsesivo compulsivo, mientras que el 28% padecía el trastorno dependiente y 21%, el narcisista.

Destaca el hecho de que los agresores ingresados en prisión presentan un perfil de personalidad más grave que el que sufren los que están en suspensión de condena. "La gravedad de la patología parece estar relacionada con maltratos más severos. Además hemos encontrado más psicopatología asociada en estos sujetos, como el abuso de alcohol y drogas", destaca el doctor Echauri Tijeras.

Señales de alerta

La incapacidad para hacer frente a la frustración, para manejar las emociones, la exigencia extrema de perfección tanto en ellos como en los que les rodean, el excesivo control que ejercen sobre los demás son características del trastorno obsesivo compulsivo que "pueden servir de alerta. Son señales que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de intentar prevenir una situación de abuso. Se debería estar vigilantesante estos rasgos", agrega.

Este especialista admite con preocupación que hasta un 30% de los "agresores que estamos viendo tienen menos de 30 años. Su perfil, con alta incendia de trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo, difiere mucho del que documentan los estudios anglosajones. Este hecho puede indicar que existe un fuerte componente cultural, máxime si valoramos que además estamos viendo a un gran grupo de gente joven que está agrediendo a sus parejas. Nos deberíamos preguntar ¿cómo estamos educando a la población joven?. Son personas que están creciendo sin límites, a los que no se les dice que no. No han aprendido a manejar la frustración y cuando tienen una relación y la mujer les dice que no, pierden el control", documenta el psicólogo.

En cuanto a las posibilidades de tratamiento, destaca que el programa suele durar entre año y medio y dos años. "Tras la evaluación inicial, para poder llevar a cabo una terapia individualizada, se trabaja a nivel personal con cada uno de ellos. Posteriormente, los que puedan, pasarán a la terapia en grupo. Una vez terminado, se les realiza un seguimiento el primer mes, a los tres y al año".

Las tasas de éxito están en el 45%, la de mejoría en el 39%, aunque hay un 16% de fracasos. "En estos casos se informa a los servicios pertinentes para que no bajen la guardia".

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